Abogados del Centro de los Derechos del Migrante afirman que los trabajadores agrícolas que han sido víctimas de una extensa red de fraude con visas H-2A deben buscar asistencia legal para prevenir futuros abusos y, potencialmente, obtener justicia.
Para los trabajadores agrícolas de Santa María, a unos 70 kilómetros al norte de Santa Bárbara, las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE por sus siglas en inglés, no son la única preocupación. Muchos también han sido víctimas de estafadores que los amenazan con actos de violencia para que permanezcan en silencio.
Los abogados entrevistados para esta historia señalan que es fundamental que las personas busquen ayuda legal para prevenir futuros casos de fraude y para obtener reparación por sus pérdidas.
“Juntos podemos sacar a la luz estos casos de alto impacto para crear conciencia sobre el problema”, dijo Abigail Kerfoof, quien es subdirectora legal del Centro de los Derechos del Migrante (CDM), una organización nacional sin fines de lucro que defiende a los trabajadores migrantes. “Y también para buscar justicia, de modo que las personas puedan recuperar sus pagos y oponerse a cargos ilegales”, añadió.
Los estafadores amenazan con violencia y ICE
En noviembre, ACoM informó sobre una redada de ICE que descubrió una estafa dirigida a trabajadores agrícolas en Santa María. Esta comunidad, mayoritariamente latina y de carácter agrícola, se encuentra a lo largo de la Costa Central de California. Mientras los presuntos co-conspiradores, Jorge Vásquez y Gabriela López, esperan el día de su cita en la corte, las víctimas se muestran inseguras de denunciar.
Registros judiciales muestran que al menos 163 trabajadores agrícolas resultaron afectados por la estafa, que consistía en la venta ilegal de visas H-2A. Muchos afirman que ellos o sus familiares han sido amenazados con sufrir actos de violencia.
Jocelyn Reyes, directora de Promoción, Educación y Desarrollo de Liderazgo de CDM. Dijo que en casos que implican amenazas de violencia, la organización recurre a su equipo legal para evaluar cada situación. El personal analiza los riesgos y determina el mejor curso de acción para quienes buscan ayuda.
El primer y más importante paso para los trabajadores, añadió Reyes, es comunicarse con CDM a través de su línea telefónica privada y segura. Esta línea está diseñada para brindar apoyo confidencial a las víctimas.
Según un comunicado de prensa de ICE, los estafadores también amenazaron con llamar a ICE para impedir que los trabajadores agrícolas contactaran a las autoridades. Santa María ha experimentado redadas continuas y, a menudo, de gran escala por parte de ICE desde principios del año pasado. Estas acciones han generado miedo en la comunidad.
Las víctimas citaron la falta de recibos de los pagos realizados como una razón de su renuencia a buscar ayuda legal. Kerfoot enfatizó que, bajo el sistema judicial de Estados Unidos, el testimonio de una víctima sigue teniendo peso.
“Si la persona testifica que el pago fue por una cantidad determinada, eso cuenta. Un jurado, por ejemplo, puede o no creer esa cantidad”, dijo. “Pero hemos visto que, incluso si no hay recibo, el testimonio de varias personas puede convencer o probar que se realizó un pago”.
Estafa de visas H-2A
Según la denuncia penal, Vásquez y sus asociados vendieron ilegalmente visas H-2A a trabajadores en México. Las cantidades cobradas iban desde 8,000 hasta 17,000 dólares. Documentos de ICE señalan que los estafadores cobraban a los trabajadores una cuota inicial de hasta 1,000 dólares o más. Luego, los trabajadores eran obligados a pagar el resto una vez empleados en Estados Unidos.
Las visas H-2A permiten a ciudadanos extranjeros ingresar y trabajar en el sector agrícola de Estados Unidos por un período predeterminado. En promedio, las visas H-2A duran entre tres meses y tres años. El empleo y el estatus migratorio de un trabajador están vinculados a un empleador específico y deben regresar a su país de origen una vez que la visa expira.
Bajo el programa H-2A, los empleadores solicitan una certificación gubernamental para cubrir un número determinado de empleos agrícolas temporales que no han podido ocupar con trabajadores estadounidenses. En lugar de solicitar visas para personas específicas, el proceso autoriza un conjunto de visas basado en las necesidades laborales del empleador.
En 2024 había alrededor de 45.000 trabajadores agrícolas con visa H-2A en California, la gran mayoría provenientes de México y Centroamérica.
Las víctimas de la estafa están “muy asustadas”
En un juicio anterior en 2020, Vásquez —quien es ciudadano estadounidense— fue condenado a 12 meses de prisión y 36 meses de libertad supervisada después de declararse culpable de un cargo de conspiración y otro de fraude en la contratación de mano de obra extranjera. Se le ordenó pagar 135.388,70 dólares en restituciones, distribuidos entre 38 víctimas, con montos que iban desde 200 hasta 6.250 dólares.
El caso más reciente contra Vásquez comenzó con una llamada al Departamento de Empleo de California, o EDD, por sus siglas en inglés, en mayo de 2024. Un ciudadano mexicano que trabajaba en Estados Unidos con una visa H-2A informó a la agencia que no podía regresar a su país después de que terminó su empleo, ya que le debía dinero a su empleador.
El trabajador (quien no es identificado en la denuncia penal) llegó en octubre de 2023 para trabajar en Cuyama Valley Farms, propiedad de José Luis Torres, y tenía programado finalizar su empleo en diciembre de ese mismo año.
El mismo informó que al menos otros siete trabajadores se encontraban en circunstancias similares, indicando que “tenían mucho miedo del empleador”. También alegó que Torres amenazó a los trabajadores, diciendo que él “conocía a personas que podían hacer rodar las cabezas de sus familias si denunciaban el abuso ante las autoridades”, según el texto.
El documento indica, además, que Cuyama Valley Farms informó a las autoridades que los trabajadores habían salido del país, aunque algunos de ellos aparentemente seguían trabajando en la granja para pagar una deuda de 15.000 dólares, la cantidad cobrada a cambio de obtener la visa H-2A. No fue posible contactar a Torres para obtener comentarios, pese a múltiples intentos.
“El poder está en manos de los trabajadores”
Vásquez fue detenido por agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE el 13 de noviembre en su casa en Santa María. Compareció ante un tribunal del condado de Los Ángeles el 4 de diciembre, donde se declaró no culpable de un cargo de conspiración y de tres cargos de fraude postal.
Los cargos conllevan sentencias de hasta 65 años en una prisión federal, incluidos un máximo de 5 años por conspiración y hasta 20 años por cada cargo de fraude postal. Su juicio está programado para el 18 de agosto.
Kerfoot insiste en que denunciar a estafadores como los que atacan a los trabajadores agrícolas en Santa María es fundamental para que los posibles defraudadores rindan cuentas ante la ley. Los 38 individuos que recibieron una restitución monetaria durante la sentencia de 2020 son un claro ejemplo de ello.
“El poder está en manos de los trabajadores”, dijo Kerfoot.
CDM cuenta con 20 años de experiencia en la protección de los derechos de los trabajadores migrantes. Opera oficinas en Baltimore y en varias localidades de México, incluida Juxtlahuaca, Oaxaca, donde los servicios también están disponibles en mixteco. Las personas que deseen más información sobre los servicios de CDM pueden llamar al 667-217-5738 desde Estados Unidos o al 55-96-61-6771 desde México.
Roxsy Lin es becaria de California Local News Fellow con la Escuela de Posgrado de Periodismo de la UC Berkeley.
