By Peter Schurmann and Manuel Ortiz
TEGUCIGALPA – Con el rostro lleno de lágrimas, un adolescente se esconde a la entrada de un edificio, mirando fijamente más allá de la cinta amarilla de la policía que resguarda la zona. En el interior, un grupo de indígenas hondureños están reunidos después de haber viajado a la capital para denunciar lo que dicen “es el robo continuo del gobierno de sus tierras ancestrales”.
“Lo siento por todo esto”, comenta el guardia de seguridad, señalando la escena a su alrededor: “esto es Honduras”.
Así, en ese contexto de extrema pobreza y de violencia social, los hondureños votarán por su presidente el próximo 28 de noviembre. Para muchos, las próximas elecciones ofrecen la mejor oportunidad, y tal vez la última, de mejorar la deplorable situación de su país.
“Estas elecciones son la oportunidad para recuperar el proceso democrático y enfrentar las múltiples crisis que vivimos”, dice Gustavo Irias, director ejecutivo de CESPAD, organización sin fines de lucro que aboga por las comunidades marginadas. “Esta es una oportunidad para que Honduras recupere su sentido de nación.”
Esa noción que se hizo añicos en 2009 cuando el ejército hondureño derrocó al expresidente Manuel Zelaya en un movimiento en el que se cree que Estados Unidos jugó un papel bastante activo. Desde entonces, Honduras ha permanecido bajo el control del derechista Partido Nacional, actualmente liderado por el presidente Juan Orlando Hernández, que termina su segundo mandato bajo una nube de sospecha sobre posibles vínculos con el narcotráfico.
La corrupción y la pobreza son endémicas en el país centroamericano. Según el Banco Mundial, desde 2019 el 15 por ciento de los hondureños vive con menos de 2 dólares por día, condiciones probablemente empeoradas por la covid 19 y el impacto de dos huracanes el año pasado, que llevaron a que más de la mitad de sus habitantes cayeran por debajo de la línea de pobreza en 2020.
Tales condiciones están alimentando un éxodo masivo de migrantes del país. Datos de junio de 2021 presentados en un informe de junio del Migration Policy Institute, 168,546 hondureños fueron detenidos por funcionarios de inmigración en Estados Unidos y México, El informe señala que 1 de cada 5 desea abandonar su país por razones que van desde la inseguridad alimentaria hasta el desempleo y el miedo a la inseguridad.
Pero para algunos ciudadanos de la capital, las próximas elecciones ofrecen pocas esperanzas de mejora.
“Nada va a cambiar”, dice Víctor Manuel Mayorga, un empleado público que dice que no ha podido jubilarse porque el gobierno ha robado los fondos de pensiones del Estado. A los 79 años, Mayorga es parte de una pequeña minoría de personas mayores en un país en donde la edad promedio es de sólo 24 años.
Sentado en la plaza central de la ciudad hablando de futbol con amigos, lamenta la falta de educación y atención médica, y acusa a los funcionarios de todas las tendencias políticas de abandonar al país. “Creo en la democracia, pero en Honduras está destruida. Se ha roto desde el golpe”.
Aun así, no todos están tan desesperados.
César Nahún Aquino, de 44 años, es mecánico de automóviles en la ciudad de Yoritos, ubicada a unos 200 km al norte de la capital. Esta pequeña ciudad llegó a los titulares hace dos años porque los residentes se unieron con éxito para expulsar a una compañía minera que había intentado establecer operaciones en la región.
Miembro de la comunidad indígena Tolupán, Aquino dirigía una empresa de transporte en San Pedro Sula antes de la pandemia de Covid 19, que según él terminó con su negocio. Ahora está de vuelta en su ciudad natal, una región en gran parte agrícola conocida por el café, los aguacates y la ganadería.
“Estamos pidiendo lo básico, deshacerse de las elecciones corruptas, transparencia, reactivar la economía local para que beneficie a las personas de la comunidad”, dice Aquino, partidario del candidato a la alcaldía local, Freddy Murio, un migrante indocumentado que pasó 12 años trabajando en la construcción en Nueva York antes de regresar a su ciudad natal hace dos años. “Tenemos que empezar por nuestro municipio antes de que podamos empezar a cambiar el país”.
De vuelta en la capital, los funcionarios reconocen que ninguna elección resolverá los desafíos que enfrenta Honduras. Pero enfatizan que proteger la integridad del voto y asegurar el proceso democrático en noviembre son clave para reparar el daño continuo causado por el golpe en 2009.
“La única oportunidad para que el país construya una base democrática es por la vía de las próximas elecciones”, dice Rixi Moncada, abogado y una de las tres personas que con puestos rotativos forman parte del recién creado Consejo Nacional Electoral (CNE).
El CNE, entidad responsable de entregar el escrutinio final una vez que se cierren las urnas, fue creado tras las irregularidades y la violencia generalizadas que marcaron las elecciones en 2017. Junto con el Registro Nacional de Personas y la Unidad de Política Limpia, encargada de monitorear el financiamiento de campañas en un país en donde el dinero de las drogas y la política están intrínsicamente unidos, estas tres instituciones son responsables de garantizar la integridad de las elecciones.
Moncada, ex miembro del gobierno de Zelaya, admite que no es tarea fácil.
“Nadie está preparado para la criminalidad”, dice, refiriéndose a la violencia política en curso que ve como una extensión del golpe de Estado de 2009, incluido el reciente asesinato del candidato a la alcaldía y miembro del opositor Partido Libre, Nery Reyes, quien fue asesinado a principios de este mes. Nadie ha sido arrestado aún por su asesinato.
“Estamos preparados para el proceso”.
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