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Pese al más reciente memo del presidente que busca no incluir a indocumentados en la redistribución de sillas del congreso, activistas por el Censo aclaran que éste no restringe el conteo de todos los habitantes del país.
Por: Jenny Manrique
Mientras los enumeradores se preparan para tocar las puertas de los hogares que no han respondido al censo de manera virtual, la directiva del presidente Donald Trump que busca prohibir que los inmigrantes indocumentados sean contados para el reparto de sillas en el congreso, ha confundido aún más a los latinos que suelen estar subrepresentados en el conteo decenal.
“Sabemos que estamos rezagados en las tasas de respuesta (del censo) en áreas fuertemente latinas en todo el país”, dijo Arturo Vargas, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos (NALEO por sus siglas en inglés). “El impacto del memo ha sido significativo… muchos medios han dicho que el presidente está pidiendo que los inmigrantes sean excluidos del conteo, y eso no es cierto”.
Al hablar durante un panel organizado por Ethnic Media Services via Zoom, Vargas explicó que el memorando de Trump emitido el 21 de julio, pide al Departamento de Comercio que una vez completado el censo, elimine a los inmigrantes indocumentados del conteo que permite repartir las sillas del Congreso en la próxima década. Es decir, que no los tenga en cuenta para la representación política de sus vecindarios.
“No hay forma de determinar el número de individuos que son indocumentados, porque no hay pregunta sobre ciudadanía o estatus migratorio en el censo. ¿Quién determina ese estatus, qué pasa con los DACA y con los peticionarios de asilo?” se preguntó Vargas.
“Este (intento) no es otra cosa que alterar los números, para crear un set de datos completamente nuevo, en el cual se basaría el elemento más importante de nuestra democracia que es la representación en la Cámara de Representantes”.
El memorando ahora enfrenta tres demandas de inconstitucionalidad en cortes federales pues según expertos lo único que busca es desaparecer la representación política de distritos donde viven grandes comunidades étnicas.
“La Constitución establece claramente que la distribución de sillas del congreso se hace con base en todas las personas en Estados Unidos… y los inmigrantes indocumentados son personas”, dijo John Yang, presidente y director ejecutivo de Asiático Americanos Avanzando la Justicia (AAJC por sus siglas en inglés). Esta organización ganó el litigio para excluir la pregunta sobre la ciudadanía que la administración Trump quería incluir en el censo.
“Es imperativo que nuestras comunidades actúen por encima de las tácticas de miedo y la información errónea que se ha utilizado, y respondan al censo… Deben responder sin importar el estatus migratorio , bien sea en línea, por teléfono o en papel”, agregó. La nueva fecha límite para responder el cuestionario es el 31 de octubre e incluye a cualquier persona que haya estado viviendo en el país el 1 de abril. La oficina del Censo debe contar incluso a aquellos que están en los centros de detención de inmigrantes.
Según proyecciones del Centro de Investigación Pew, no contar a la población entera podría hacer que California, Florida y Texas, estados con alta población hispana, terminaran con un escaño menos en el Congreso.
Puerta a puerta
Y es que en los seis estados donde vive casi dos tercios de la población latina nacional (casi 40 millones de personas según la Encuesta de la Comunidad Estadounidense de 2018) las tasas de respuesta al censo son inferiores al promedio nacional. Según sondeos de NALEO , en Arizona, California, Florida, Nuevo México, Nueva York y Texas, las tasas de respuesta varían entre 49% y 62% mientras el caso más preocupante es el de Puerto Rico, donde solo el 19% de la población ha respondido al conteo de manera virtual.
Según estas cifras, los numeradores que salen a las calles a partir del 11 de agosto se preparan para golpear las puertas de casi el 40% de los hogares latinos, en medio de una pandemia que sigue creando miedos y barreras.
De acuerdo a Vargas, de NALEO, aunque la oficina del Censo ha comprado “millones de piezas” en equipos de protección personal (PPE en inglés), el éxito de esta fase dependerá de que hayan suficientes enumeradores, que sean culturalmente competentes y “se sientan cómodos yendo puerta a puerta a unidades familiares donde la distancia social es prácticamente imposible”. Esto es muy común en vecindarios hispanos, donde muchos miembros de una misma familia habitan en espacios muy chicos.
Sin embargo, en condados fronterizos como el de Hidalgo en el sur de Texas, el conteo en persona es la única herramienta que queda frente a la baja respuesta del censo en línea por factores como la falta de internet. Esta comunidad que ha sido subcontada en las últimas dos décadas, también se ha convertido en uno de los hotspot de COVID-19 en el país.
“La mayoría de los residentes de Hidalgo son indocumentados”, dijo Néstor López, organizador del censo en el condado de Hidalgo. “Pero aquí el COVID nos ha obligado a cancelar las operaciones en persona y hemos tenido que mudar a lo virtual… haciendo campaña con celebridades, voces locales y personas de confianza en la comunidad”.
López dijo que la comunidad siente la “fatiga” del censo, por el intento de la administración Trump de querer incluir la pregunta de la ciudadanía y el reciente memo del 21 de julio. Aseguró que estos mensajes ya han sido “perjudiciales”, disuadiendo a las personas de participar, en una de las zonas más pobres del país que no se puede dar el lujo de quedarse sin presupuesto federal para los próximos 10 años.
“Si las cifras no son correctas, las decisiones también serán incorrectas”, añadió López. “Eventos como estos (la pandemia) van a ser mucho peor. Necesitamos presupuesto para educación, infraestructura y salud”.
El conteo en los resguardos
La situación es más compleja aún para los nativo americanos, que a raíz de la pandemia del coronavirus y por tener soberanía constitucional sobre sus territorios, cerraron los resguardos y aún están esperando paquetes del gobierno con identificadores únicos para sus viviendas.
“Estos paquetes son para responder el censo, pero muchos no lo han recibido y hay un gran reto en que las direcciones coincidan”, dijo Kayla Olvera Hilario, Especialista en Asuntos Tribales de la oficina del Censo de California que ha invertido dos millones de dólares en el esfuerzo de contar esta población.
De las 110 tribus reconocidas a nivel federal, 59 están bajo la jurisdicción del censo y entre ellas las tasas de respuesta varía entre el 30% y el 60%. En cerca de 20 tribus, solo el 15% de sus miembros ha respondido al cuestionario y si las reservas siguen cerradas, el conteo será aún más difícil.
“Estamos tratando de contratar a (enumeradores) que ya vivan en la reserva, que puedan ir puerta a puerta y contar… pero tenemos una fecha límite (agosto 17) para entrenarlos, hacerles un chequeo de antecedentes y contratarlos”, dijo Olvera Hilario.
Los expertos insistieron en la importancia de completar el cuestionario para poder acceder a los recursos y el poder político que los vecindarios necesitan. Para reconstruir la infraestructura de las comunidades después de la pandemia. Para acceder a los servicios de calidad que hacen una vida digna.
Marilyn E. Stephens, gerente asistente regional de la oficina del Censo para el distrito del sur, lo resumió en una frase: “Lo invito a que se tome 10 minutos hoy que definirán los próximos 10 años de su vida, la de su familia, y la de su comunidad. El censo es importante, fácil y seguro”.
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