SAN FRANCISCO – La angustia se convirtió en el diario vivir de Samir desde que perdió el Estatus de Protección Temporal (TPS) en 2025. Este venezolano de 32 años se encuentra ahora en un limbo legal, sin trabajo y sin un camino claro por delante.
A sus temores se suma, según cuenta, la enorme cantidad de cámaras de vigilancia que se han instalado en San Francisco y en todo el país, lo que alimenta una constante sensación de vulnerabilidad.
«Desde el momento en que cruzo la puerta, miro hacia adelante, miro hacia atrás, miro en todas direcciones constantemente», dijo Samir (quien pidió que no se usará su nombre real). «Cualquier cosa me parece sospechosa. Es paranoia. Terminas sintiéndote como un criminal sin haber hecho nada malo».
Ese sentimiento es parte de lo que está detrás del creciente rechazo público a la expansión de la vigilancia del gobierno, que ahora se utiliza como parte de la continua ofensiva antiinmigrante del gobierno de Trump.
‘Como Amazon, pero con personas’
Existen, según estimaciones, entre 70 y 80 millones de cámaras de vigilancia instaladas en todo el país, es decir, casi una cámara por cada 4 o 4,5 habitantes. Entre estas se encuentran alrededor de 120.000 Lectores Automáticos de Matrículas (conocidos como ALPR) de la empresa Flock, desplegados en calles y carreteras de todo el territorio nacional.
El aumento acelerado de estas herramientas de «seguridad pública» está encendiendo las alarmas entre defensores de la privacidad y los derechos civiles, así como entre activistas por los derechos de los inmigrantes.
«El control migratorio y la ‘seguridad nacional’ se han usado durante mucho tiempo como justificación para montar sistemas cada vez más autoritarios que erosionan las libertades civiles y debilitan las protecciones democráticas», señalan los autores del reciente informe titulado The Tech Behind ICE: Oligarchs, Immigration Enforcement and the Threat to Democracy (La tecnología detrás de ICE: oligarcas, control migratorio y la amenaza a la democracia)
Al recurrir a una vigilancia tecnológica ampliada, la visión de la administración —señalan los autores, citando al exdirector interino de ICE Todd Lyons— es crear un proceso de deportación «como Amazon Prime, pero con seres humanos».
‘No podemos mantenerte en el empleo’
Samir salió de su natal Caracas en 2017, un año marcado por protestas callejeras masivas, una brutal represión por parte del exlíder venezolano Nicolás Maduro y la primera de una serie de sanciones devastadoras impuestas a la nación sudamericana por Estados Unidos.
Samir es un músico de profesión, que inicialmente huyó a México, donde pasó los siguientes tres años ganándose la vida como profesor en una escuela local de música. Luego llegó la pandemia de COVID-19 y sus planes volvieron a venirse abajo.
Desempleado y sin saber a dónde acudir, Samir decidió dirigirse a Estados Unidos. Tenía una visa de turista, que le permitiá entrar al país, abordó un avión en diciembre de 2020 hacia San Francisco, donde vivía un amigo. En marzo del año siguiente solicitó y finalmente le fue otorgado el TPS, destinado a personas que huyen de países sacudidos por la violencia, la persecución política o los desastres naturales.
Con autorización para trabajar legalmente, Samir volvió a la música y consiguió empleos impartiendo clases de guitarra, piano, teoría musical e improvisación en escuelas de música del Área de la Bahía. También consiguió un puesto en el sindicato de tramoyistas, Local 16, trabajando en espectáculos por todo San Francisco.
Pero los acontecimientos volvieron a alterar el rumbo de su vida.
En octubre de 2025, la Corte Suprema de EE. UU. dio luz verde a los esfuerzos del gobierno de Trump para poner fin a las protecciones del TPS para los venezolanos. El fallo y las decisiones posteriores han provocado hasta la fecha la cancelación del TPS para 13 países, afectando a cerca de 1,3 millones de personas en todo el país.
Para Samir, la pérdida del TPS desató una cadena de acontecimientos que, como fichas de dominó, cayeron una tras otra, desmantelando la vida que con tanto esfuerzo había intentado construir aquí.
«Notifiqué a todas las escuelas y al empleador del sindicato que había perdido mi TPS», recordó Samir, señalando que sin esa designación legal ya no tenía autorización para trabajar. «Todos me dijeron: ‘Por favor avísanos cómo podemos ayudarte, y si algo cambia, regresa… pero sin permiso de trabajo, no podemos mantenerte’».
‘Un engranaje digital para las deportaciones’
Junto con su estatus laboral, Samir también perdió su seguro médico y, al dejar de tener un número de Seguro Social válido, el banco canceló sus cuentas. Luego recibió una notificación del DMV de California alertándole que su documento de identidad estatal ya no era válido.
«Eso era todo lo que tenía, era mi única identificación vigente y válida», dijo Samir. «Todos mis documentos de identidad están vencidos. No tengo nada de Venezuela, no tengo nada de México y no tengo pasaporte porque aquí no hay embajada venezolana».
Hoy en día, Samir depende de amigos en el Área de la Bahía para tener un techo y conseguir trabajos temporales, entre ellos catalogar y archivar discos de vinilo para coleccionistas locales.
«Si no fuera por la ayuda de todas estas personas… toma aire, se queda sin palabras y continua diciendo. “He estado como protegido, ayudado, querido y acompañado”, expresa con profunda gratitud»
Y aunque admite que piensa en marcharse, esa opción conlleva su propia serie de complicaciones.
«La única forma en que podría irme es conduciendo hasta la frontera y cruzando a México», dijo Samir, «país que no puede expedirme un pasaporte porque no soy ciudadano allí, y sin pasaporte, no puedo volar a ningún lado».
‘Es como volver a vivir lo de Venezuela’
Mientras tanto, Samir pasa sus días desenvolviéndose en la red de cámaras y herramientas de vigilancia que han proliferado en San Francisco, un sistema que él describe como un canal digital hacia la deportación.
A finales de septiembre, la ciudad anunció que continuaría utilizando las cámaras bajo ciertos límites, incluidos quién puede acceder a los datos y durante cuánto tiempo se almacenarán.
Una investigación de 404 Media reveló que más de 4.000 consultas realizadas a través de las redes de ALPR estaban etiquetadas explícitamente con términos como «ICE», «immigration» o «ICE+ERO», refiriéndose esto último a las Operaciones de Control y Expulsión.
En palabras de Samir, «se siente como ver lo de Venezuela una vez más».
Explicó: «En Caracas, cuando comenzó la represión estatal, muchos miraron hacia otro lado pensando que el peligro sólo amenazaba a los manifestantes que estaban en las calles o a los opositores activos».
Señalando las circunstancias actuales, agregó: «Hoy la gente dice: ‘Son solo los inmigrantes, son solo los indocumentados’. Pero eso es una ilusión. Cuando le entregas al Estado el poder de vigilar, rastrear y categorizar a un grupo de personas sin límites ni supervisión, le estás entregando el control sobre toda la sociedad».
Esta historia fue producida como parte de «Aquí Estamos/Here We Stand», un proyecto periodístico colaborativo de American Community Media y medios de comunicación comunitarios de todo el estado.
