Roxsy Lin realizó este serie mientras participaba en el Fondo para Reportajes de Impacto sobre Violencia Doméstica de USC Annenberg Center for Health Journalism. Lee la segunda parte aquí y la tercera parte aquí.
SANTA ROSA, Calif. – Después de una larga jornada trabajando en los viñedos de Santa Rosa, Anita Noriega, de 51 años, conducía de regreso a casa el 5 de mayo de 2022 cuando vio una caravana de patrullas de policía y ambulancias que se acercaban rápidamente a su vecindario. A pocas cuadras de su vivienda.
Noriega redujo la velcidad y elevó una oración en silencio, sin saber que momentos después, llegaria a casa para descubrir que su hija Lesly, de 17 años, había sido asesinada en la vivienda por Anthony, de 23 años, el novio de Lesly, quien posteriormente se disparó y se quitó la vida.
Lesly fue asesinada apenas cuatro meses después de que un juez rechazara su solicitud de extender una orden de protección contra Anthony, quien había sido condenado por una felonía anteriormente y quien ensambló un “ghost gun” o arma de fabricación casera en una semana para cometer el crimen.
Su historia deja al descubierto una brecha en el condado de Sonoma, donde más de 400 viñedos dependen del esfuerzo de los trabajadores del campo, pero se hace muy poco para proporcionarles información sobre las medidas de protección contra la violencia doméstica, la asistencia legal.
En el caso de Noriega, esto significo navegar un sistema de justicia que puede ser difícil acceder antes de que sea demasiado tarde.
Echando raíces
Durante ocho años, Noriega ha trabajado en el campo, construyendo una vida en una ciudad cuyo clima cálido y sentido de comunidad le han hecho sentir como en casa.
En 2015 llegó a Estados Unidos desde México para reencontrarse con el amor de su juventud, Juan Enriquez. Trajo consigo a dos de sus hijos menores, Jared y Lesly, que en ese momento tenían 12 y 10 años, respectivamente. Sus dos hijos mayores se quedaron en México.
Los niños no tardaron en adaptarse a su nueva vida. Enriquez recuerda a Lesly como a una niña llena de vida que rápidamente se sintió cómoda en la nueva ciudad y aprendió inglés en los primeros tres meses.
Los sábados, la familia se subía al automóvil y conducía hasta Richmond, California, para asistir a Cielos Abiertos, una iglesia evangélica a la que habían llegado a tener mucho cariño. Durante el trayecto pasaban junto a la bahía de San Francisco y Enriquez recuerda cuánto le gustaba a Lesly contemplar el agua durante el viaje.
Cuando Lesly era adolescente, presentó a Anthony a su familia. Noriega dijo que al principio se llevaba bien con él. Lo consideraba respetuoso y amable. “No parecía el tipo de persona que pudiera tener sentimientos oscuros”, recordó ella.
Durante la mayor parte de la relación entre su hija y Anthony, Noriega creyó que él era un adolescente, al igual que su hija. No sabía que él era siete años mayor que Lesly ni que tenía una condena por un delito grave. Solo se enteró de ambas cosas después de que Anthony fuera detenido brevemente por la policía y Lesly se lo contara.
Registros obtenidos por ACoM muestran que Anthony fue condenado por robo de automóvil en 2018.
La primera decepción
En septiembre de 2021, Lesly salió de su casa y no regresó durante tres días. Cuando dejó de responder el teléfono, Noriega comenzó a preocuparse y presentó una denuncia de persona desaparecida ante el Departamento de Policía de Santa Rosa.
Un día después, un agente del departamento llamó a Enriquez para informarle que habían encontrado a Lesly y que estaba a salvo. Sin embargo, el departamento no la llevó de regreso a casa, a pesar de que Noriega lo solicitó.
Según Noriega, el agente explicó que Lesly había dicho que no era menor de edad y había proporcionado verbalmente un año de nacimiento diferente. Después de interrogarla brevemente y al no mostrar señales de consumo de drogas ni de agresión física, los agentes determinaron que se encontraba bien.
ACoM se comunicó con el Departamento de Policía de Santa Rosa para obtener más información sobre los protocolos que la oficina sigue en casos de personas desaparecidas, incluidos menores de edad, si los agentes verifican la identificación de una persona después de ser localizada. El departamento no dio una respuesta definitiva y señaló que sus procedimientos varían según las circunstancias de cada caso.
Para Noriega, la llamada le ofreció muy poco consuelo. “Según ellos, yo debía dejar de preocuparme porque ellos dijeron que habían visto a mi hija y que estaba bien”, dijo.
Por su parte, para Enríquez, la respuesta significó que el sistema les había fallado. “Era lo único en lo que confiábamos. Pensábamos: ‘Van a encontrarla, van a traerla de vuelta o quizá la lleven a un centro juvenil para que esté más segura’. Pero no ocurrió así […] Uno confía en el sistema de justicia y luego el sistema de justicia te falla”, dijo.
Dos días después, Lesly regresó a casa y manifestó su intención de mudarse con Anthony a la casa de los padres de él. Poco después, Noriega se enteró de que su hija estaba embarazada.
Señales de alerta
Fue por esa época que Noriega recuerda el creciente control que Anthony ejercía sobre la vida de Lesly. Una de las primeras señales, dijo, fue el teléfono celular. Anthony obligó a Lesly a vender el teléfono que la familia le había dado y lo reemplazó por uno suyo, un dispositivo que permitía enviar mensajes de texto, pero que solo podía recibir llamadas de él.
Con el tiempo, también aisló a Lesly de la mayoría de sus amistades y solo le permitió mantener contacto con una amiga.
“Había muchas señales de alerta que no noté”, dijo Noriega.
Para los trabajadores agrícolas, las largas jornadas en el campo pueden significar regresar a casa sin mucho que dar. Después de horas de trabajo agotador, muchos vuelven con apenas el tiempo suficiente para preparar la comida del día siguiente, descansar y alistarse para comenzar de nuevo. Noriega dijo que esa rutina implacable —el tiempo lejos de casa, el cansancio y la necesidad de seguir trabajando— hizo más difícil detectar las primeras señales del abuso de Anthony.
En varias ocasiones, Noriega tuvo que salir de su trabajo para recoger a su hija tras discusiones entre Lesly y Anthony. “Creo que muchas veces no pasaba ni una hora desde que llegábamos a casa cuando él aparecía buscándola, la convencía de volver y se la llevaba otra vez”, dijo Noriega.
El comportamiento de Anthony consistente con una forma de abuso conocida como control coercitivo, mediante la cual el agresor «interfiere de manera irrazonable con el libre albedrío y la libertad personal de una persona».
El Código Penal de California reconoce el control coercitivo como una alegación válida en casos de abuso en los que una de las partes solicita una orden de restricción contra la otra.
Segunda decepción
El 6 de enero de 2022, Lesly dio a luz a una niña sana. Quince días después, dijo Noriega, una discusión entre Lesly y Anthony se tornó violenta. Según un informe policial revisado por ACoM, Anthony sujetó a Lesly con tanta fuerza que le dejó moretones en el brazo, y después la golpeó y la estranguló mientras ella sostenía a la bebé.
Cuando la madre de Anthony se enteró del incidente, le pidió a él que abandonara la casa porque temía que la policía pudiera arrestarlo. Más tarde, también le pidió a Lesly que se marchara porque temía que ella llamara a la policía.
“A las dos de la madrugada, en pleno enero, echaron de la casa a mi hija, que acababa de dar a luz, junto con una bebé recién nacida […] Me dio muchísimo coraje”, dijo Noriega. “Le dije: ‘Tienes que presentar una denuncia’. Ella dijo que no lo haría porque él era el padre de su hija, pero yo insistí en que lo hiciera”.
El 27 de enero de 2022, Noriega y Lesly acudieron al Departamento de Policía de Windsor para presentar una denuncia. Noriega dijo que a Lesly le concedieron una orden de protección de emergencia de tres días contra Anthony, pero posteriormente un juez rechazó la solicitud para extenderla. Según Noriega, la petición fue denegada por falta de pruebas.
“Si el juez hubiera tomado una decisión diferente, Lesly quizá seguiría viva”, dijo Enriquez.
Falta de alcance comunitario
Uno de los desafíos fundamentales que enfrentan los trabajadores agrícolas sobrevivientes de violencia doméstica es la falta de difusión y educación por parte de las agencias públicas acerca de las protecciones legales y los servicios disponibles.
Una labor de difusión eficaz requiere acudir a los lugares donde se encuentran los trabajadores agrícolas, reconocer que las largas jornadas laborales con frecuencia les impiden asistir a eventos comunitarios y comprender que es más probable que la información llegue a ellos en los sitios que visitan habitualmente.
En otras zonas de California, algunas organizaciones se han adaptado instalando mesas informativas fuera de lavanderías, swap meets y campos agrícolas, lo que permite que los trabajadores accedan a recursos durante sus descansos para almorzar o mientras realizan diligencias.
Sin embargo, en el condado de Sonoma este tipo de alcance comunitario específico no está disponible.
Marsha Lucien es la directora ejecutiva del Centro de Justicia Familiar del Condado de Sonoma (FJCSC), con sede en Santa Rosa. Reconoció que la organización no realiza labores de alcance comunitario dirigidas específicamente a los trabajadores agrícolas.
“Realizamos diversas actividades de difusión. Por lo general, son eventos comunitarios. Así que no están dirigidos específicamente […] Normalmente se trata de algún tipo de feria de recursos o evento comunitario al que se nos invita para instalar una mesa”, dijo Lucien en inglés.
Muchos de los trabajadores agrícolas entrevistados para esta serie dijeron desconocer la existencia de las órdenes de restricción o que organizaciones locales pueden brindar asistencia legal gratuita, incluida ayuda para completar y presentar la documentación necesaria. Esa falta de información puede convertirse en un obstáculo importante para acceder a la ayuda.
Fallas en el sistema
Ese fue el caso de Noriega y Lesly. Cuando acudieron al Departamento de Policía de Windsor, no sabían cómo funcionaban las órdenes de restricción, qué pasos debían seguir después de que venciera la orden inicial de tres días ni cómo continuar con el proceso.
El departamento de policía no les informó que había asistencia local gratuita disponible ni las remitió a ninguna organización que pudiera ayudarlas.
“¿Por qué iban a conocer un recurso legal si nunca antes habían tenido que utilizarlo o si nunca habían visto a un amigo, a uno de sus padres o a otra persona hacerlo?”, dijo en inglés Sheila Miller, abogada supervisora del equipo de violencia doméstica de Legal Aid of Sonoma County. Según Miller, algunas personas solo se enteran de esta opción legal a través de las autoridades.
“Creo que este caso es un muy buen ejemplo de muchas fallas y de muchas áreas que deben mejorarse”, dijo.
ACoM se comunicó con el Departamento de Policía de Windsor, que opera mediante un contrato con la Oficina del Alguacil del Condado de Sonoma. La oficina del alguacil señaló que, como parte de su procedimiento habitual, los agentes entregan a los sobrevivientes de violencia doméstica un folleto de recursos con información sobre servicios locales y números telefónicos a los que pueden llamar para recibir ayuda.
En una entrevista con ACoM, el sargento Juan Valencia recalcó que “en cuanto obtenemos una orden de restricción y esta vence y ellos [los sobrevivientes] no hacen nada más, la responsabilidad recae en la víctima, no en nosotros”, dijo Valencia en inglés.
Otro elemento que debe considerarse es el formulario DV-100, el documento que se utiliza en los tribunales de California para solicitar una orden de restricción por violencia doméstica.
El formulario está disponible en español y en otros idiomas, pero únicamente como referencia. La solicitud oficial debe presentarse en inglés, explicó Miller. Esto crea un obstáculo considerable para las personas que no hablan o escriben inglés con fluidez, ya que la solicitud exige que describan el abuso detalladamente.
Como consecuencia, algunos sobrevivientes dependen de familiares bilingües, incluidos sus hijos, para que los ayuden a traducir o completar los formularios. Según Miller, esto puede resultar especialmente perjudicial cuando la persona de la que buscan protegerse es el otro progenitor del menor.
“No podemos hacer nada”
En una entrevista con ACoM, Mayra Arreguin, organizadora comunitaria de la organización sin fines de lucro La Familia Sana —que cuenta con una larga trayectoria de apoyo a los trabajadores agrícolas de la zona—, señaló que algunas sobrevivientes denuncian ante la policía el abuso cometido por sus parejas, solo para que les digan que los agentes no pueden hacer nada.
“Si no tienes señales visibles, entonces te dicen: ‘Bueno, no podemos hacer nada’”, dijo Arreguin. “Entonces, ¿qué? ¿Hay que esperar a que ocurra algo? ¿A que la pareja mate a la persona? Eso tiene que cambiar”.
Lucien también señaló que el «marco de trabajo actual» del FJCSC «no se adapta bien» a la disponibilidad de los trabajadores agrícolas. Esto hace esenciales las alianzas con organizaciones como La Familia Sana o Corazón Healdsburg, otra organización local sin fines de lucro dedicada a ayudar a los trabajadores agrícolas y a sus familias.
Aun así, depender de estas organizaciones sin fines de lucro plantea sus propios desafíos para las sobrevivientes que buscan ayuda.
La Familia Sana se encuentra en Cloverdale, a unas 31 millas de Santa Rosa, mientras que Corazón Healdsburg está aproximadamente a 14 mills.. Para los trabajadores agrícolas, esas distancias representan una carga adicional. Además, ninguna de las dos organizaciones cuenta con un abogado en su personal, lo que limita su capacidad para brindar asistencia legal directa a las víctimas.
ACoM se comunicó con la Asociación Cristiana de Mujeres Jóvenes del Condado de Sonoma, (o YWCA por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro que ofrece una línea de crisis de violencia doméstica y servicios de asesoramiento para sobrevivientes, con el fin de obtener más información sobre sus servicios y actividades de difusión dirigidas a trabajadores agrícolas. La organización no respondió a las reiteradas solicitudes de comentarios.
Una tercera decepción
La tarde de la muerte de Leslie, Enriquez fue el primero en llegar a casa y notó que la bebé lloraba con inconsolable. Cuando abrió la puerta, encontró a Anthony tendido en un pozo de sangre en el suelo de la sala. Llamó a Lesly varias veces, pero nadie respondió.
Enriquez salió de la casa y llamó al 911. Dijo que la policía llegó casi de inmediato, sacó a la bebé de la vivienda y, posteriormente, confirmó que Lesly estaba muerta.
Cuando Noriega llegó a la casa y se enteró de lo ocurrido, sintió que su mundo se había derrumbado. Más tarde, la policía le informó que Lesly sostenía a la bebé en brazos cuando fue asesinada.
“Nada lo detuvo. Ni siquiera su propia hija, ni el amor que decía sentir por mi hija. Nada lo detuvo”, dijo. Habían pasado apenas cuatro meses desde que ella y Lesly solicitaron, sin éxito, una prórroga de la orden de restricción.
Por su parte, Anthony no debería haber podido poseer un arma de fuego debido a su condena previa por un delito grave. Sin embargo, ante la proliferación de las armas fantasma en todo el país —entre 2017 y 2023, las fuerzas del orden recuperaron 92,702 presuntas armas fantasma en escenas del crimen—, conseguir una de estas armas resultó barato y demasiado fácil. Esto, a pesar de las leyes más restrictivas de California sobre las armas fantasma.
En aquel momento, Anthony vivía en casa de Noriega y Enríquez. Enríquez recordó que llegaban paquetes constantemente y cree que Anthony terminó de ensamblar el arma en aproximadamente una semana.
Entonces llegó el golpe final
Después de un año de audiencias judiciales, mediaciones y 9,000 dólares en honorarios legales, la custodia fue concedida a los padres de Anthony. Noriega dijo que al principio se le permitía ver a su nieta durante los fines de semana, pero que, después de que se otorgó la custodia, las visitas se interrumpieron abruptamente y no ha visto a la niña en más de un año.
La pareja dijo que buscó ayuda de varias organizaciones locales, incluido el Centro de Justicia Familiar, con la esperanza de encontrar apoyo para el caso. Sin embargo, dijeron que todas las puertas parecían estar cerradas. Una y otra vez las organizaciones les dijeron que no podían hacer nada.
“Se cometió una gran injusticia…. Mataron a mi hija, me quitaron a mi nieta y ahora esta mujer no me permite ver a la niña”, expresó Noriega.
Durante la elaboración de este reportaje, Legal Aid of Sonoma County informó a ACoM que las conversaciones mantenidas a lo largo del proceso periodístico inspiraron a la organización a reforzar sus actividades de difusión entre los trabajadores agrícolas. Como consecuencia, Legal Aid se puso en contacto con el Centro Laboral de Graton, una organización local sin fines de lucro con una larga trayectoria de servicio a los trabajadores agrícolas, para explorar la posibilidad de ofrecer actividades de difusión en las oficinas del centro.
Roxsy Lin forma parte de California Local News Fellow en la Escuela de Periodismo de UC Berkeley.
