Roxsy Lin realizó este serie mientras participaba en el Fondo para Reportajes de Impacto sobre Violencia Doméstica de USC Annenberg Center for Health Journalism. Lee la primera parte aquí y la tercera parte aquí.
Esta historia contiene referencias al suicidio. Se recomienda discreción al lector, ya que el contenido puede resultar perturbador para algunas personas. Hemos cambiado los nombres de algunas fuentes de este reportaje para proteger su seguridad y privacidad.
SANTA MARÍA, California. – En 2002, Matilde, una mujer mixteca de 18 años, llegó a Santa María, California, procedente de México. Estaba embarazada de tres meses y hablaba un español limitado. A los pocos días, ya trabajaba sembrando chiles y calabazas en los campos agrícolas de la región.
Cuando llegó al quinto mes de embarazo, su empleador la mandó a casa, preocupado de que las exigencias físicas del trabajo —permanecer agachada durante diez horas al día para recolectar vegetales, levantar cajas pesadas y estar expuesta a los pesticidas utilizados en los campos— pudieran hacerle daño a ella o a su bebé.
La decisión, tomada con la intención de protegerla, la dejó vulnerable en su propio hogar. En lugar de apoyarla, Matilde recordó que su esposo Ramón, de 21 años, reaccionó con enojo ante la pérdida de ingresos y la presionó para que buscara otro empleo, a pesar de los riesgos para su embarazo.
“Se enojó mucho conmigo y me dijo que estaba exagerando, porque muchas personas de su pueblo, sus tías y sus cuñadas, trabajaban hasta el momento de dar a luz”, relató Matilde. “El no entendía por qué yo era tan ‘delicada’, si también venía de un pueblo pequeño”.
Su experiencia dista mucho de ser única. Una encuesta realizada en 2011 a 100 trabajadores agrícolas de San Diego encontró que hasta el 16 % de las trabajadoras agrícolas “reportaron haber ejercido violencia contra su pareja, haber sido víctimas de ella, o ambas cosas, durante el año anterior”. Esas cifras continúan siendo alarmantemente altas en toda California.
Sin embargo, para los integrantes de la comunidad mixteca —quienes, junto con otros grupos indígenas del sur de México, representan más del 6,5 % de la población total del condado de Santa Bárbara—, las barreras lingüísticas y culturales suelen dificultar el acceso a los servicios necesarios.
La experiencia de Matilde es un claro ejemplo.
Control coercitivo
Con el paso del tiempo, Ramón se volvió cada vez más controlador. Se apoderó del dinero que Matilde ganaba trabajando en el campo. Cuando nació su primer hijo, Matilde recuerda que no tenía ropa para el bebé y que dependía de conocidos que le daban prendas de segunda mano.
Su comportamiento se extendió gradualmente más allá de las finanzas. Matilde dijo que él vigilaba de cerca sus movimientos, rara vez le permitía salir sola de la casa y revisaba con frecuencia su teléfono para ver con quién hablaba.
Sociólogos y expertos en derecho familiar suelen referirse a este tipo de conducta como “control coercitivo”, una forma de abuso doméstico que a menudo no se denuncia y que, según investigadores, puede conducir a la violencia física.
Incluso las visitas a casa de su madre se veían interrumpidas. En cuanto Matilde llegaba, su esposo la llamaba y le exigía que regresara a casa. Mientras tanto, sus constantes insultos y humillaciones le dejaron profundas cicatrices emocionales.
“Eso realmente me afectó. Sus palabras eran muy hirientes”, dijo. “Incluso les decía esas cosas a mis hijos. Cuando no hacían algo bien, los llamaba estúpidos y les decía que eran iguales que yo”.
En busca de ayuda
Con el tiempo, el abuso se volvió intolerable. Matilde encontró trabajo y se mudó con sus cinco hijos. Aun así, le preocupaba su hija menor, que en ese momento tenía 7 años.
“Ella no quería vivir”, relató Matilde al describir cómo el abuso en el hogar afectaba a su hija. “Cada vez que hablábamos, decía que se quería morir porque le resultaba demasiado difícil seguir viviendo”.
Matilde buscó ayuda de una trabajadora social del Departamento de Servicios Sociales del Condado de Santa Bárbara, en Santa María. Según Matilde, la trabajadora social le dio una lista de números telefónicos para solicitar asistencia. Matilde dejó mensajes de voz en español, pero nunca recibió respuesta. La trabajadora social tampoco dio seguimiento a su caso.
De hecho, muchas personas mixtecas tienen un dominio limitado del español. Las variaciones regionales de la lengua —existen hasta 81, según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de México— también dificultan los servicios de interpretación.
“Puede que tengan a alguien que hable mixteco en la línea de interpretación”, dijo Fernando Martínez, de la organización sin fines de lucro Proyecto de Organización Comunitaria Mixteco/Indígena, conocida como MICOP. “Pero aproximadamente el 90 % de las veces es muy probable que la variante del mixteco no coincida”.
Mientras tanto, los formularios proporcionados por el Departamento de Servicios Sociales del Condado de Santa Bárbara se ofrecen principalmente en inglés y español. Lo mismo ocurre a nivel estatal.
ACoM revisó los recursos del Departamento de Servicios de Atención Médica de California, o DHCS, donde, por ejemplo, los formularios de elegibilidad para Medi-Cal no están disponibles en mixteco. En el Departamento de Servicios Sociales de California, o CDSS, únicamente el formulario AD 880 —utilizado en procedimientos de adopción y en casos relacionados con la terminación de la patria potestad— está disponible en mixteco.
Alcance comunitario
Los defensores de la comunidad también señalan que los proveedores de servicios no suelen tener en cuenta los exigentes horarios de los trabajadores agrícolas mixtecos cuando realizan actividades de alcance comunitario.
“Deberían trabajar los domingos e instalar allí su mesa informativa, en el swap meet,”, dijo Francisco Lozano, presidente del Comité Asesor de Padres Mixtecos de Santa María, al señalar un popular lugar de reunión para los residentes locales. “En cambio, dicen: ‘Solo trabajamos hasta las 5 y luego cerramos’ […] Una organización que trabaja para la comunidad mixteca necesita encontrar la manera de adaptarse al horario de la comunidad”.
La mayoría de los trabajadores agrícolas cumplen jornadas agotadoras de lunes a sábado, por lo que el domingo es su único día libre, un día que con frecuencia se reserva para tareas esenciales como lavar la ropa, comprar alimentos y prepararse para la semana siguiente.
Lozano y otras personas afirman que se necesita un trabajo de alcance comunitario más directo, como visitar complejos de apartamentos, recorrer los vecindarios para dejar volantes o acercarse a los campos agrícolas durante los días laborables para compartir información. Sin estos esfuerzos, señalan, la mayoría de las personas de la comunidad no sabrán cómo acceder a los recursos disponibles, ni siquiera que esos recursos existen.
Puertas cerradas
Después de que Matilde dejó a Ramón, él comenzó a llamarla y enviarle mensajes de texto repetidamente, de acuerdo con su testimonio, amenazándola con suicidarse si no regresaba con él. En uno de los mensajes, le advirtió que era “capaz de hacer cualquier cosa” si ella intentaba “comenzar de nuevo con otra pareja”.
Matilde acudió al Departamento de Policía de Santa María y mostró los mensajes a los agentes. Explico que le dijeron que los textos no parecían contener una amenaza directa de muerte. Según Matilde, los agentes además señalaron que si Ramón la hubiera golpeado o si ella tuviese marcas visibles, la situación sería diferente. Sin eso, le dijeron, los mensajes por sí solos no eran suficientes.
ACoM se comunicó con el Departamento de Policía de Santa María para solicitar comentarios, pero, a pesar de enviar varios correos electrónicos y realizar varias llamadas telefónicas, el departamento no respondió.
“Fue una enorme decepción”, dijo. “Pensé que, al acudir a la policía y a la trabajadora social, me ayudarían… Pero cuando te dicen que no pasa nada, que no estás en peligro, es como si te enviaran directamente de vuelta con tu agresor”.
Como último recurso, Matilde acudió a la escuela de sus hijos para pedir ayuda. Ella dijo que el personal le informó que no podía ayudarla con su situación. En su lugar, la remitieron a una organización externa que, según le explicaron, proporcionaría terapia a sus hijos.
Sin embargo, la terapia nunca llegó. En cambio, Matilde dijo que le advirtieron que las acusaciones que estaba haciendo contra su esposo eran graves y que la organización vigilaría a sus hijos. Si el personal determinaba que los niños no estaban seguros con ninguno de los padres, le dijeron, notificarían a los servicios de protección infantil.
“Ese fue el tiro de gracia”, recordó Matilde, quien afirma que temía perder la custodia de sus hijos. Tomó la angustiosa decisión de regresar con Ramón. “Me había quedado sin opciones. Me había quedado sin formas de defenderme. La única solución para mí en ese momento era regresar”.
Cerrar la brecha
Organizadoras comunitarias como Aurelia Sánchez, de la organización local sin fines de lucro One Community Action, sostienen que los proveedores deben comprender mejor a las comunidades a las que prestan servicios. Señalan la necesidad de capacitación cultural que pueda ayudar a las agencias estatales y locales a responder mejor a las tradiciones, experiencias y realidades de la comunidad mixteca.
“Muchas agencias e instituciones no tienen esa preparación”, dijo Sánchez, quien es parte de la comunidad mixteca. “Aseguran que sí, pero, en realidad, no la tienen”. Añadió que las actividades de alcance comunitario suelen dirigirse a la “comunidad hispana”, pero señaló: “Nosotros no somos hispanos”.
En Santa María, el principal proveedor de servicios relacionados con la violencia doméstica es Domestic Violence Solutions of Santa Barbara County, o DVS. La organización opera una línea telefónica de crisis disponible las 24 horas y un refugio de emergencia para sobrevivientes. También ofrece diversos servicios de apoyo fuera del ámbito residencial, entre ellos gestión de casos, asistencia financiera de emergencia cuando hay fondos disponibles y ayuda práctica, como acompañar a las sobrevivientes a los tribunales y ayudarlas a presentar denuncias.
En un correo electrónico enviado a ACoM, Ken Oplinger, director ejecutivo de DVS, señaló que su agencia colabora habitualmente con MICOP y Herencia Indígena, una organización sin fines de lucro con sede en Santa María que ofrece servicios de interpretación médica y orientación en inglés y mixteco.
“El personal de DVS se relaciona regularmente con representantes de ambas organizaciones, y hemos compartido capacitaciones con las dos (nosotros brindamos capacitación sobre cómo responder a sobrevivientes de violencia de pareja, y ellas ofrecen capacitación sobre competencia cultural)”, escribió.
Según Martínez, de MICOP, la organización no ha proporcionado ninguna capacitación formal sobre competencia cultural a DVS.
Por su parte, Veronica Cubillo, directora de Programas y Servicios al Cliente de DVS, dijo que la organización contrató recientemente a su primera gestora de casos trilingüe, quien habla inglés, español y una variante del mixteco.
Aunque DVS todavía no ha ampliado formalmente sus servicios en mixteco, debido a que la nueva gestora de casos está aún en entrenamiento, Cubillo afirma que su presencia permitirá eventualmente que la agencia brinde apoyo directo a sobrevivientes que hablen la misma variante del mixteco.
Para Matilde, quien reconoce que, en medio de su desesperación, intentó quitarse la vida en dos ocasiones, estas medida son fundamentales.
“Cuando buscas ayuda y no la encuentras”, dijo, “la única solución parece ser desaparecer, terminar con todo, terminar con todo el sufrimiento”.
Si usted o alguien que conoce está teniendo pensamientos suicidas o atraviesa una crisis emocional, llame o envíe un mensaje de texto al 988, la Línea de Prevención del Suicidio y Crisis. Hay ayuda disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.
Roxsy Lin forma parte de California Local News Fellow en la Escuela de Periodismo de UC Berkeley.
